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16 de marzo de 2011

¿Existe el derecho al olvido en Internet?
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Es sobradamente conocido que los buscadores de Internet, como Google, Yahoo, Bing, etc. muestran resultados que previamente han sido indexados de las páginas web donde originariamente han sido publicados, como ocurre, por ejemplo, con los boletines oficiales. En consecuencia, los datos personales permanecen relacionados en los buscadores de forma indefinida. Frente a ello, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, reconoce a los afectados el derecho a oponerse a estos tratamientos con sus datos. Pretenden, en definitiva, alcanzar mediante la eliminación definitiva de los mismos, “desaparecer” de Internet. Es lo que se conoce comúnmente como “el derecho al olvido”.
Este concepto no es nuevo, ya que un jurista estadounidense de nombre, Louis Brandeis, que fuera Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1916 a 1939, lo definió como el derecho a que le dejen a uno en paz (the right to be let alone).
Según la Memoria de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), correspondiente al año 2009, las solicitudes de cancelación de los datos o de oposición al tratamiento de los mismos por los buscadores de Internet, aún no siendo muy numerosas en valores absolutos, se han incrementado en un 200%. Lo que revela que cada vez es mayor el interés mostrado por los ciudadanos para que no aparezcan sus datos personales en los índices que ofrecen los servicios de búsqueda en Internet a partir de los datos identificativos de una persona. De los casos planteados ante la AEPD, relacionados con la publicación de sus datos en ediciones digitales de diarios oficiales o medios de comunicación, destacan los siguientes: publicación de sanciones administrativas ya cumplidas; publicación por edictos de deudas vencidas; sanciones disciplinarias a funcionarios de prisiones que afectan a su seguridad; publicación de datos de una mujer y sus hijos menores, víctimas de violencia doméstica que facilitan su localización para el cónyuge; publicación en una página web que replica la edición electrónica de boletines oficiales de ayudas de exclusión social y desempleo; y publicación de indultos.
La AEPD en su Informe Jurídico 0214/2010, reconoce, con meridiana claridad, que los afectados o interesados pueden ejercitar el derecho de oposición frente a los buscadores, ya que “concurren todos los requisitos necesarios para que atiendan tal petición”. Además, la Agencia ha estimado varias reclamaciones de afectados, (por ejemplo, en los Procedimientos de Tutela de Derechos 00463/2007; 00444/2008; 01589/2008; y en el 00458/2010) reconociendo su ejercicio del derecho de oposición frente a Google Spain, S.L., instándola a adoptar las medidas necesarias para retirar los datos del interesado de su índice e imposibilite el acceso futuro a los mismos. La AEPD señala al respecto que “no existe, por tanto, una disposición legal en contrario respecto del ejercicio del derecho de oposición frente a Google. (…) Desde Google deberían haberse implementado las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso posterior a los mismos.”
Por otro lado, el “Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, de 25 de octubre de 1995, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos”, en su Informe de 4 de Abril de 2008, ha analizado la situación legal en relación con la protección de datos personales y los buscadores de Internet, llegando a la conclusión de que el periodo de conservación de datos personales por parte de dichos buscadores no debería sobrepasar los seis meses de plazo, ya que no existe una base legal para mantenerlos durante un periodo de tiempo mayor.
La Agencia viene recomendando, por otra parte, a la Administración Pública que proceda a adoptar las medidas oportunas para limitar la indexación del nombre y apellidos de los afectados, cuando se publican sus datos en boletines o diarios oficiales en Internet, mediante la incorporación de un código (NOROBOT.txt), con objeto de que los motores de búsqueda no puedan asociarlo a los interesados. En similares términos se pronuncia laRecomendación 2/2008, de 25 de abril, de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.
En cualquier caso, este criterio de la Agencia no deja de ser cuestionable, debiendo ser la Audiencia Nacional la que resuelva el conflicto al haber presentado el todopoderoso buscador Google los correspondientes recursos contencioso-administrativos frente a las resoluciones de la AEPD que les exigen eliminar datos de los afectados de sus resultados de búsquedas. Por de pronto, tal y como se ha publicado en elmundo.es, el 25 de febrero de 2011, la Audiencia Nacional ha dictado una providencia en la que pregunta a Google España y a la AEPD si procede recabar la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre quién debe eliminar en Internet los enlaces a contenidos con datos personales.
La posición oficial de Google es que “Exigir a los intermediarios, como los motores de búsqueda, que censuren el material publicado por otros tiene un efecto profundo y negativo sobre la libertad de expresión, sin que se proteja la privacidad de las personas”.
El Director de la AEPD, en su comparecencia en el Congreso, el 1 de diciembre de 2010, se refirió expresamente al derecho al olvido en Internet, señalando que “el valor que nosotros le damos en términos relativos es alto, entre otras cosas, porque también hay situaciones personales detrás de cada una de esas peticiones que exigen y merecen esa protección. Pero también hay que hacer notar el hecho de que este derecho al olvido y las peticiones que lo acompañan no son un fenómeno nacional español, obviamente se enmarcan en una dinámica mucho más global y es una problemática que está alcanzando a otras muchas autoridades que también se encuentran en la misma dinámica de garantía de este derecho”.

09 de marzo de 2011

Javier Alvarez Hernando.
Artículo publicado en el Avance Normativo de abril de 2011 de Editorial Europea de Derecho.

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