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16 de febrero de 2011

¿Es posible la instalación de cámaras en guarderías o centros de educación infantil?
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Es cada vez más frecuente que los centros educativos de educación infantil permitan a los progenitores acceder, incluso en tiempo real, a las imágenes de las clases y espacios de juego dónde se encuentran sus hijos. Obviamente estos tratamientos con datos personales (imágenes de los menores) están sometidos a la normativa de protección de datos.
Debido a que el tratamiento de las imágenes incumbe al profesorado, y al personal que presta servicios profesionales en el centro, éstos deberán otorgar su consentimiento a la captación de su imagen. Lo mismo ocurrirá respecto de los menores, cuyo consentimiento deberán otorgar sus padres o representantes legales, tal y como dispone el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, cuando señala que “podrán tratarse los datos de los menores de catorce años con el consentimiento de padres o tutores.”
En el caso de obtenerse el consentimiento, tanto del profesorado y quienes presenten servicio en el mismo, como de los padres de los menores, las cámaras podrán instalarse, debiendo de informarse, por parte de la dirección del centro, de la existencia de las mismas a través de la instalación de los correspondientes carteles informativos; proceder a la inscripción del fichero correspondiente en el Registro General de Protección de Datos (si se tratara de una guardería pública, mediante la aprobación de la oportuna Disposición General que deberá publicarse en el Boletín Oficial correspondiente); así como adoptar las medidas de seguridad de nivel básico que se detallan en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

De cualquier modo, la decisión de instalar cámaras en una guardería implica que la dirección del centro defina claramente cual va a ser la finalidad para la captación de las imágenes de los menores que, en todo caso, debe ser muy cuidadoso con el principio de proporcionalidad y adecuación, y en particular debe atenderse a los usos adicionales con fines promocionales o de marketing, memorias escolares de actividad, o publicación en el sitio web del centro.
Igualmente debe garantizarse la seguridad y el secreto, en particular cuando el acceso a las imágenes se produzca a través de Internet, siendo imprescindible que éstas se encuentren en un lugar de acceso restringido en el sitio web, habiendo proporcionado, previamente a los padres, un nombre de usuario y una contraseña. Por otro lado, deben definirse los perfiles de acceso con el objeto de que se limite el acceso a los entornos en los que se encuentren sus hijos, nunca a otras aulas.
El tema de la instalación de cámaras en entornos escolares ha sido tratado por la Guía de Videovigilancia, de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) del año 2009, y por el Gabinete Jurídico de la Agencia en sus Informes 0274/2009 y 262/2006.

La Agencia, a través de su Gabinete Jurídico, en el Informe 0648/2009, no considera adecuado la instalación de cámaras en una piscina durante el desarrollo de un curso con menores, con el fin de que los padres puedan tener un control visual de la actividad.
Se consulta a la AEPD la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia dirigidas a una piscina municipal y a sus zonas perimetrales, con emisión de imágenes en tiempo real (sin grabación) en una pantalla instalada en la zona de entrada a las instalaciones, con el objeto de que, como medida de seguridad complementaria, durante un cursillo de natación dirigido a menores, los padres pudieran tener un control visual.
La AEPD toma en consideración, en este supuesto, el principio de proporcionalidad y el de calidad de los datos (artículo 4.1 Ley 15/1999, de 13 de diciembre –en adelante, LOPD-), por el que se establece que solo se pueden tratar datos cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Por ello, el tratamiento de la imagen de los afectados debe ser proporcionado a la finalidad que lo motiva que no es otra, en este caso, que la seguridad de los menores. Recuerda la AEPD la doctrina del Tribunal Constitucional, fijada en su Sentencia 207/1996, donde se determina que cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. Para ello el TC considera necesario constatar si se cumplen tres siguientes requisitos o condiciones: «si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”.
Teniendo en cuenta estas premisas, el criterio de la Agencia es considerar que la seguridad de los menores puede lograrse de forma más idónea mediante la adopción de otro tipo de medidas que no pasan por la grabación, algo que de hacerse pudiera vulnerar el principio de proporcionalidad por lo que el tratamiento podría resultar contrario a lo establecido en la LOPD. Pero incluso si no se considerara vulnerado dicho principio de proporcionalidad, debe tenerse en cuenta que la difusión a través de una pantalla de televisión de la imagen de las personas que se encuentren en la piscina, (menores, monitores y cualquier otro usuario), imagen que puede ser vista por cualquier persona que se encuentre en el vestíbulo de la piscina, constituye una cesión de datos (artículo 11 LOPD) que exige que todos los afectados hayan prestado previamente su consentimiento.

Febrero de 2011
Javier Alvarez Hernando

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