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16 de junio de 2010

Breve estudio jurisprudencial sobre intromisiones ilegítimas en el derecho al honor a través de Internet
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El Tribunal Supremo ha resuelto recientemente, en su Sentencia 316/2010, de 18 de mayo de 2010, un recurso de casación, en la que considera que los prestadores de servicios de alojamiento de páginas web no son responsables de los comentarios aportados por terceros.
El supuesto de hecho es el siguiente: En la página web (quejasonline.com, donde se permite publicar protestas frente a las actividades de las empresas) un usuario no identificado, suplantando la identidad de un abogado, dejó una nota en el foro claramente atentatoria contra su honor y el de una compañía de seguros. La empresa que gestiona dicha web retiró esos contenidos en el momento en el que el citado letrado les remitió una comunicación. Posteriormente éste interpuso la correspondiente demanda que finalmente fue estimada, condenando a la empresa titular de la página web a abonar al demandante, en concepto de daños y perjuicios, 6.135 euros, además de los intereses, las costas y a difundir el fallo de la sentencia. La Audiencia Provincial (de Valencia), que conoció la apelación, confirmó la sentencia de instancia, condenando igualmente a las costas del procedimiento.
Recurrido en casación, el TS se pronuncia finalmente en la precitada Sentencia de 18 de mayo de 2010, y a diferencia de lo resuelto por el Juzgado de Instancia y por la AP, declara haber lugar a la casación. En los Fundamentos de Derecho el TS refiere la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, donde se regula el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios de la sociedad de la información. En su artículo 16 se dispone que los Estados miembros deben garantizar que los prestadores de servicios consistentes en almacenar datos facilitados por el destinatario de los mismos, no responden cuando se ejercite una acción por daños y perjuicios, siempre que no tengan conocimiento de los hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, y, en el caso de que tuvieran dicho conocimiento, cuando actúen “con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.”
En el mismo sentido, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, dispone, en su artículo 16, que los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento no serán responsables por la información siempre que “no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos”.
Continúa el artículo definiendo lo que se entiende por “conocimiento efectivo”, señalando que existirá cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución.
Pues bien, aplicando estas normas, el Supremo señala que la AP no ha tenido en cuenta este conjunto normativo al declarar la responsabilidad de la demandada, y por ello no ha extraído consecuencia alguna de que dicha sociedad no conociera, ni pudiera razonablemente conocer, directamente o indirectamente, que quien le suministraba el contenido lesivo (es decir, el letrado objeto de la ofensa) no era él, sino otra persona que utilizaba indebidamente su nombre con el ánimo de perjudicarle; ni que conocedora con posterioridad de esa realidad, merced al requerimiento del perjudicado, retirase el comentario sin tacha de negligencia.
El TS ha tenido oportunidad de pronunciarse en otra importante Sentencia (773/2009, de 9 de diciembre), donde si reconoció la responsabilidad del prestador de servicios de la sociedad de la información (en este caso, la Asociación de Internautas), ya que a través de varios sitios web (putasgae.org y antisgae.internautas.org) se publicaron comentarios críticos y, en algunos casos, ofensivos contra la Sociedad General de autores y Editores (SGAE). Haciendo una interpretación del precitado artículo 16 de la Ley 34/2002, y del concepto de “conocimiento efectivo”, el TS determina que la Asociación de Internautas ha incurrido en una falta de diligencia, por lo que la considera responsable de la intromisión ilegítima en el derecho al honor de la SGAE, condenándola a abonar, en concepto de daños y perjuicios, la cantidad de 18.000 euros; a cesar en el uso del nombre de dominio putasgae.org y a eliminar los enlaces y contenidos dependientes de la web de la Asociación de Internautas; a publicar en dicha web la sentencia por un tiempo equivalente de la intromisión ilegítima; además de las costas del procedimiento.
Por otro lado, la AP de Lugo, en Sentencia de 9 de julio de 2009, exime de responsabilidad a un prestador de servicios que mantenía un foro en su sitio web (mindoniense.com), y en el cual un usuario, no identificado, introdujo un comentario injurioso y atentatorio contra el derecho al honor del alcalde de una localidad lucense. La Audiencia reconoce la intromisión en el derecho al honor del demandante, si bien no estima que los creadores del foro tuvieran un “conocimiento efectivo” de que la información fuera ilícita. Reconoce la Sentencia que en un foro en Internet la publicación es instantánea para generar un debate fluido, sin que los administradores del mismo puedan decidir lo que se publica o no. En dicho sentido, sólo estando 24 horas podrían controlarse las opiniones vertidas. Finalmente, destaca la sentencia, que los demandados retiraron los contenidos tan pronto como les fue comunicado, por parte de la Guardia Civil, la existencia de dicho contenido ilícito.
El Juzgado de 1ª Instancia Nº44 de Madrid, en Sentencia de 13 de septiembre de 2007, vino a reconocer la responsabilidad del administrador de una página web (alasbarricadas.org) por un atentado contra el derecho al honor de un personaje famoso (Ramoncín), al haberse recogido en dicha web expresiones injuriosas, descalificaciones e incluso una fotografía manipulada. Entiende el Juzgado que el prestador del servicio es responsable civil ya que los datos del registro del nombre de dominio alasbarricadas.org no se encontraban actualizados, no correspondiéndose con su actual domicilio, además de no haber acreditado que el correo electrónico de contacto disponible en la web, fuera un medio efectivo de contacto con el administrador. Considera la Sentencia, que “es por ello que el demandado ha impedido con su actuación que pudiese cumplir diligentemente con su deber de retirada de los mensajes, expresiones y fotografía difamatorias, por lo que se estima al mismo responsable de su contenido y debe así indemnizar al actor”. Además de condenarse a cesar en la perturbación ilegítima en el derecho al honor de Ramoncín, eliminando las expresiones y fotografía, se condenó a indemnizar al actor con la cantidad de 6.000 euros, y al abono de las costas causadas.

1 de junio de 2010
Javier Alvarez Hernando

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