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16 de diciembre de 2009

Incluir por error los datos de una persona en un registro de morosos atenta contra su derecho al honor
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El Tribunal Supremo, con su Sentencia de 24 de abril de 2009 viene a consolidar un criterio jurisprudencial, que ya fue sentado por la SSTS de 5 julio de 2004, en el cual se considera que la inclusión por parte de una entidad, faltando a la veracidad, en un registro de solvencia patrimonial y crédito (los llamados registros de morosos), implica un atentado contra el derecho del honor del interesado que ha aparecido erróneamente en dicho registro.
La demandante de instancia era titular de una cuenta en una entidad financiera, en la cual tenía domiciliados los cargos de su tarjeta de crédito. En un momento dado, se la hizo un cargo en dicha tarjeta, que no era debido, ya que la interesada no había realizado operación alguna por el importe y concepto descontado. La interesada procedió a reclamar, durante el plazo de un año, al banco por vía telefónica, por escrito, ante el Defensor del Cliente de la entidad, ante el Banco de España, e incluso mediante denuncia en la Comisaría de Policía. Durante todo ese tiempo, la entidad bancaria siguió reclamando dicha cantidad, incrementándola con intereses y gastos, comunicando, por otra parte, los datos personales y la cantidad adeudada a dos ficheros de morosos (Asnef-Equifax y Badex).
El registro con los datos personales de la demandante se mantuvieron únicamente 12 días, sin que fueran consultados por ninguna otra tercera entidad.
Pues bien, el TS plantea dos alternativas para resolver el asunto. Por un lado, la inclusión errónea en un fichero de morosos constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la persona afectada, con lo cual es de aplicación la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, cuyo artículo 7.7 tipifica la intromisión ilegítima en el derecho al honor, y el artículo 9.3 proclama la presunción iure et de iure de la existencia del perjuicio y su extensión al daño moral.
Por otro lado, el TS plantea la alternativa que entiende que los casos de ficheros de morosos se enmarcan en el ámbito de la normativa común, considerándose bien, responsabilidad extracontractual, del artículo 1902 del Código Civil, o incumplimiento contractual, del artículo 1101 del Código Civil, lo que conllevaría la existencia de perjuicios y su correspondiente prueba.
Con las premisas anteriores, el Supremo determina que la inclusión errónea de una persona en un fichero de incumplimiento de obligaciones dinerarias (de morosos), implica un atentado a su derecho al honor.
El Supremo reconoce que es posible que se entremezclen, e incluso se confundan los derechos de honor e intimidad, y mucho más la intimidad y la imagen, pero aclara que son derechos distintos entre sí, y no un solo derecho trifonte. Este criterio se viene manteniendo desde la SSTS de 26 de julio de 2008.
La definición legal de derecho al honor, como intromisión ilegítima, se encuentra en el artículo 7.7 de la L.O. 1/1982: “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.
Por su parte, existe un concepto doctrinal, recogido y reiterado por la jurisprudencia, desde la SSTS de 4 de noviembre de 1986, y que señala que es la dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona. De esta definición derivan dos aspectos: un aspecto interno, entendido como un sentimiento subjetivo de la propia dignidad; y un aspecto externo objetivo o trascendente, entendido como sentimiento de los demás hacia la propia persona.
Por tanto, la inclusión de datos de una persona en un fichero de morosos, indebidamente, atenta contra el derecho al honor, ya que, como señala el TS tal persona, ciudadano particular o profesionalmente comerciante se ve incluido en dicho registro, lo cual le afecta directamente a su dignidad, interna o subjetiva e igualmente le alcanza, externa u objetivamente, en la consideración de los demás, ya que se trata de una imputación de un hecho consistente en ser incumplidor de una obligación pecuniaria que, lesiona su dignidad y atenta a su propia estimación, como aspecto interno y menoscaba su fama, como aspecto externo.
Apunta el Supremo que es intrascendente el que el registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya que basta la posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido y que esta falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los supuestos acreedor y deudor, para pasar a ser de una proyección pública. En todo caso, sí, además, es conocido por terceros y ello provoca unas consecuencias económicas (como la negación de un préstamo hipotecario) o un grave perjuicio a un comerciante (como el rechazo de la línea de crédito) sería indemnizable, además del daño moral que supone la intromisión en el derecho al honor.
La Sentencia, que viene a confirmar las Sentencias del Juzgado de 1ª Instancia Nº3 de Santa Cruz de Tenerife y de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, impone el pago de una indemnización por el daño moral genérico, a la afectada de poco más de 1.800 euros.
En otro orden de cosas, es destacable una Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 17 de enero de 2003, en la que confirma la intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante, al haber incluido sus datos de forma indebida en un registro de morosos, condenando a la entidad que lo hizo a indemnizarla en la cantidad de 6.000 euros.
En cuanto a lo que se refiere a personas jurídicas, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo admite expresamente la tutela del honor de las sociedades mercantiles y no simplemente de aquéllas personalistas (SSTS de 21 de mayo de 2001, SSTS de 9 de octubre de 1997) al establecer que si bien el derecho al honor tiene en la Constitución un sustrato personalista, como inherente a la dignidad humana (art. 18 CE), ello no excluye la extensión de su protección y garantía a las personas jurídicas respecto a los ataques injustificados que afecten a su prestigio profesional y social, que conforman integración de su patrimonio moral, con repercusión en el patrimonial, por sus resultados negativos y así puede traducirse en una pérdida de confianza de la clientela, de proveedores y concurrentes comerciales o de rechazo o minoración en el mercado de forma general.

17 de diciembre de 2009
Javier Alvarez Hernando

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